El Servicio Jurídico interpondrá un requerimiento para solicitar su nulidad y no descarta un recurso contencioso-administrativo.

El Gobierno de Cantabria autorizó ayer el inicio de acciones legales contra las autorizaciones concedidas por la Junta de Castilla y León para ubicar tres parques eólicos en la frontera de las dos comunidades autónomas, al considerar que suponen importantes daños para el medio ambiente y el paisaje del territorio cántabro. La Dirección General del Servicio Jurídico formulará en los próximos días un requerimiento para solicitar la anulación de dichas autorizaciones, que se aprobaron sin seguir el procedimiento establecido, por no haber dado audiencia a la Comunidad cántabra en uno de los casos e ignorar en los otros dos las consideraciones efectuadas sobre su impacto.

En el caso de que no sea atendido este requerimiento, se presentará un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia para evitar la construcción de estos tres parques eólicos, conocidos como La Magdalena, La Peñuca y La Sia I, en los emplazamientos aprobados por Castilla y León, ya que supondrían "un daño irreparable" para el territorio y los recursos naturales de la zona afectada.

El Gobierno cántabro ha aprobado estas medidas a propuesta de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo al considerar que las tres autorizaciones son "nulas", porque en el trámite seguido para su aprobación el Ejecutivo castellano-leonés "vulneró las competencias cántabras en materia de protección de su medio ambiente, violó el deber de cooperación entre Administraciones e incurrió en un ejercicio desleal de la competencia propia".

En este sentido y dada la incidencia que tienen estos proyectos en la región, la legislación determina que la Junta no puede prescindir de Cantabria a la hora de tramitar la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, ni valorar el impacto del proyecto en el territorio cántabro, por lo que "sólo a través de fórmulas adecuadas de cooperación y colaboración puede adoptarse una decisión sobre la autorización de los parques eólicos ubicados en la frontera misma que separa ambos territorios, tal como exige el respeto a las competencias propias de cada región y la defensa del medio ambiente".

A pesar de estas obligaciones legales, en la tramitación del parque eólico de La Sía, la declaración de impacto realizada por Castilla y León no ha tenido en cuenta las repercusiones del parque en Cantabria, ya que ni siquiera le remitió comunicación para que procediera a su análisis.

Igualmente y aunque en el caso de La Peñuca y La Magdalena sí solicitó un informe-consulta, "no presentó la documentación imprescindible para realizarlo, como es el estudio de impacto ambiental sobre el territorio de Cantabria elaborado por el promotor". No obstante, la Consejería de Medio Ambiente remitió ambos informes, en los que indicaba las principales afecciones ambientales de los proyectos, con especial referencia al impacto paisajístico, y solicitaba "un análisis detallado de las posibles medidas correctoras que puedan minimizar el mismo". Advertía además de la necesidad de retranquear la fila de aerogeneradores situada en la línea de cumbres, de forma que la distancia mínima a la misma sea siempre superior a 500 metros, por ser éstas las que mayor impacto causan.

Sin embargo, ni las declaraciones de impacto ambiental, ni las autorizaciones finalmente aprobadas recogen estas consideraciones y únicamente exigieron la eliminación de determinados aerogeneradores debido al impacto paisajístico que provocaban en la zona burgalesa, haciendo caso omiso de las repercusiones para Cantabria.

En consecuencia, el Ejecutivo cántabro entiende que las tres autorizaciones son nulas: la de La Sia, "por haberse dictado prescindiendo del trámite de audiencia exigido por la propia legislación de Castilla y León", y las otras dos, por "vulnerar las competencias cántabras, al no haberse remitido la documentación necesaria para evacuar la consulta y no haber introducido las correcciones y estudios exigidos por los informes de la Consejería de Medio Ambiente. Todo ello supone "una clara violación del deber de cooperación que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, rige en este ámbito, así como un ejercicio desleal de la competencia propia por parte de la Junta de Castilla y León".

Con el fin de evitar que esta situación se repita en los nuevos proyectos de parques eólicos que en este momento se encuentran en fase de tramitación en la comunidad vecina, el Ejecutivo cántabro ha promovido la constitución de una comisión mixta entre las dos administraciones para estudiar conjuntamente este tipo de actuaciones y alcanzar acuerdos "basados en el diálogo, la lealtad y la cooperación entre las dos regiones".